Pluma Urbana por Lidia Malagón.

Abril 2025

Más allá de las rampas para carriolas. Los agravios que inspiran el urbanismo feminista.

— Por Lidia Malagón

“Ahí te va un tema para feminismo y planning” me escribe por WA Claudia Acosta estos días, mientras me comparte esta nota en que se denuncia la práctica de “sex for rent” en que se propone el intercambio de sexo por hospedaje, particularmente entre mujeres migrantes en Irlanda y Reino Unido, desde plataformas como Facebook. Luego de la indignación, toca pensar en cómo frenar esto que ocurre de manera impune en aquellos países, y quizás también en el nuestro, aunque en otras modalidades (presión entre conocidos o familiares, por ejemplo).

A más de uno se le ha de ocurrir que nada de grave hay si el intercambio es voluntario, pero ¿en serio se cree que se trata de una decisión libre que no afectaría nuestra salud física y mental? ¿es acaso una opción que quisiéramos para las mujeres que nos rodean? ¿es deseable co-habitar con un abusador sexual? Confío en que sean evidentes las condiciones de abuso y vulnerabilidad en juego, como que alguien con acceso a una vivienda –un bien esencial para vivir pero impagable para muchas– aproveche su poder para abusar de mujeres que están en condición más débil, en este caso, económica y migratoria.

El tema tiene varios cruces incómodos para la política pública, como son la migración, la explotación sexual y la crisis de vivienda. En palabras de Claudia, “es una cara más del drama de la vivienda que aprovecha la fragilidad (de las mujeres) y se sirve de la practicidad de las redes sociales en favor de los depredadores sexuales.”

Sin vivienda asequible, las opciones son tan crueles como ésta, y por eso importa hablar de una política de vivienda con enfoque de género. Como muchos otros problemas sociales, no es que los hombres no padezcan sus efectos, sino que su agravamiento toma tintes mucho más lastimosos entre las mujeres, y ello amerita un tratamiento particular.

Aún en conversación con Claudia, coincidíamos sobre la sensación de que el urbanismo feminista se concentra, muchas veces, en respuestas desde el diseño urbano y arquitectónico, lo que por un lado, replica la visión reducida (perpetuada por arquitectos) de que la solución está en “el proyecto”, y por otro, subestima el ingenio de las mujeres para hacer frente a problemas más o menos simples. Aquí Claudia, en su modo-mamá me escribe: “cuando no tienes con quién dejar al baby, lo metes al baño contigo”, aludiendo a que una casa modelo panóptico no resolvía sus urgencias para criar a su hija cuando estaba pequeña.

No se entienda que el esfuerzo por procurar más banquetas con rampas para carriolas no es importante, siempre que no se olvide que la brecha de género para el disfrute de la ciudad ¡y el campo! es aún enorme, y es en este sentido en el que falta perfilar la agenda de nuestro urbanismo, sensible a problemas cotidianos, pero sobre todo a problemas estructurales como el acceso a la vivienda para las mujeres.

Transito ahora a la denuncia de un problema estructural local que pone en serias desventajas a las mujeres en el campo mexicano, a través de las palabras de mi colega Gabriela Torres Mazuera, antropóloga estudiosa de las formas de acceso a la propiedad en el mundo rural.

En su reporte “El derecho a la tierra y la participación para mujeres y jóvenes rurales: la agenda pendiente de la política agraria en México”, Gaby cuenta cómo la reforma agraria mexicana se basó en un modelo patriarcal de familia que trazó una diferenciación jerarquizada entre los integrantes del hogar, mismo que reconoció a un solo “jefe de familia”: el hombre de la casa. Ya sea como ejidatarios o comuneros, los hombres se convirtieron en los únicos sujetos de derecho sobre la propiedad, y en los principales proveedores económicos de sus hogares, con autoridad tanto en la esfera pública (asambleas ejidales) como privada (vivienda).

Podemos imaginar las consecuencias de esto para las mujeres, que continúan siendo excluidas sistemáticamente del acceso a la tierra, de la toma de decisiones y de la participación en las asambleas ejidales. “En la actualidad únicamente el 25% de las personas ejidatarias son mujeres”. La mayoría de éstas lo son por la vía de sucesión de derechos, un trámite que implica mucho tiempo y recursos, por lo que muchas se desmotivan y abandonan la intención, o bien, su titularidad sólo ocurre como “prestanombres para acumular tierras dentro de la misma familia, sin ser dueñas de facto de las tierras ni de lo que crecía o se criaba en ellas”.

Una vez sembrada la incomodidad frente a esto, queda pensar estrategias que reviertan estas inercias, y por supuesto, consultar las recomendaciones que se integran en el reporte citado, que pasan por ajustes normativos y mecanismos efectivos para asegurar la equidad.

Si esta desigualdad en espacios rurales y la impunidad con que se ofrece un techo a cambio de explotación sexual no agravia más que banquetas hostiles rumbo al parque, no nos estamos incomodando por los motivos que debieran encender nuestro actuar como ciudadanía y como profesionistas.

🔈 Escucha nuestro episodio con Claudia Acosta, abogada, experta en políticas de suelo urbano en América Latina con foco en derecho urbanístico, #PlanificaciónUrbana, instrumentos de financiamiento, gestión del suelo, acceso a la tierra y derecho a la #Vivienda.